¿PARA CUÁNDO UN GOBIERNO RESPONSABLE?

Los españoles arrostramos diversos y a la vez muy contrarios marchamos de identidad.

Desde belicosos y primitivos asilvestrados, a épicos héroes de leyenda, el espectro es amplísimo y multicolor, pero de cobardía genética jamás se nos ha denostado, al menos que yo pueda recordar de entre las infinitas diferentes interpretaciones que de nuestras ya ancestrales efemérides se han podido plasmar.

No alcanzo a entender, por tanto, las razones, reales, por las que los ya numerosos gobiernos (de supuesto contrario color político) en nuestro país, vienen volviendo sus miradas, ante el inevitable y necesario juicio del vergonzoso pasado genocida franquista.

Resulta auténticamente ignominioso el acuerdo político que posibilitó la llamada Ley de Amnistía de 1.977; esa inconsecuente ley fue una rotunda traición (otra más) de los desafortunadamente denominados partidos de izquierda españoles (eso sí, titulares laureados del "establishment" oficial).

Evidentemente, fue la ostentación de esta Ley y sus articulados argumentos la que vino a justificar Ana María Menéndez (embajadora de España en la ONU), haciendo, cómo no, especial hincapié en señalar que ésta fue votada por un amplio apoyo social (?) y con absoluto consenso político (ésto vergonzosamente cierto); éste fue el único argumento que nuestra ínclita representante presentó ante los requerimientos que le hicieron en tal foro internacional a favor de incoar las pertinentes investigaciones sobre las supuestas violaciones de derechos humanos y de genocidio perpetrados por parte del régimen franquista.

El Relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España no haya resarcido aún a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Y pide la remoción, o "resignificación" de los monumentos franquistas, en especial del Valle de los Caídos.

España tiene espacio legal para abrir causas judiciales respecto a violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, según dicho Relator de Naciones Unidas, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Este documento de la ONU sigue la línea defendida por nuestro defenestrado juez, Baltasar Garzón, quien compareció ante este mismo Comité para defender que las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo son delitos permanentes, que no prescriben.

En una rueda de prensa, De Greiff asumió que "es cierto que en la sociedad española hubo una movilización muy fuerte en la Ley de Amnistía", aunque destacó el objetivo primigenio de la misma: "la Ley fue primordialmente concebida para sacar de la cárcel a quienes fueron hechos prisioneros por el régimen. Leyendo las actas de los debates parlamentarios queda claro que la introducción de un artículo que le daba inmunidad legal a los oficiales franquistas fue una discusión tardía", señaló.

Este citado Relator de la ONU aseguró que "el debate no debería centrarse sobre los detalles históricos de la Ley, sino sobre cuáles son las interpretaciones defendidas de esa ley en el momento actual de España". "Y parte del punto que hago en el informe es que hay interpretaciones que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los ciudadanos". "Y estas no son interpretaciones estrambóticas, ni desconocidas, sino que incluso cortes españolas las han aplicado, como queda perfectamente claro en los casos de Scilingo y Pinochet", explicó De Greiff.

"Estos últimos casos fueron decididos por tribunales españoles, donde aún enfrentando leyes de amnistía como las de Argentina y Chile, los jueces encontraron una forma perfectamente razonable y defendible de hacer compatible las vigencias de estas leyes y la posibilidad de iniciar investigaciones judiciales en contra de los causados", aseveró el Relator.

Respecto a otro de los puntos que aborda dicha Ley de Amnistía española, el de los símbolos, De Greiff considera que "son especialmente dolorosos para las víctimas porque vanaglorian al régimen que violó sus derechos".

"La fortaleza de las instituciones democráticas queda mucho más reflejada en la forma como se abordan positivamente las peticiones de los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública", concluyó De Greiff.

Jueces para la Democracia ha denunciado que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.

Me niego a pensar que es COBARDÍA la auténtica razón de tan reiterativa y recalcitrante negativa de nuestros electos gobiernos a iniciar el imprescindible juicio a los crímenes de guerra y genocidio del régimen franquista. Resultaría auténticamente vergonzoso para los titulares de estos equipos ministeriales sean otras instituciones internacionales quienes les obliguen a incoarle (¿la Corte Penal Internacional de La Haya, acáso?).

Aunque excesivamente manido, no por ello desdeñable:

"UN PAÍS QUE OLVIDA SU HISTORIA ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA"

¡ SEAMOS REALISTAS, LOGREMOS LO POSIBLE !

Tras el cumplimiento de mi obligado y excesivo "impasse" me veo impelido a manifestar mi incontenida rabia, vuelvo al impotente pataleo, a mi contínua y arrebatadora protesta.

Nosotros, los españoles, tenemos la inexcusable y moral obligación de reiterar, por todos los civilizados medios posibles pero de forma absolutamente radical, nuestra contestación a tanta agresión social que nos vienen infringiendo nuestros enemigos de clase (término, desgraciada e irrefutablemente vigente): la llamada Troika europea y nuestros respectivos desgobiernos sin conciencia.

Sin paliativo ninguno, sin espurios enmascaramientos, sin falaces e insultantes mentiras; no es cierto que nuestra Sociedad esté saliendo de la crisis, tan solo lo están haciendo los protegidos, los poderosos, precisamente los causantes impunes de la misma (a quienes nos han obligado a salvar -para consecuencialmente hundirnos más nosotros, sus "obligados paladines").

La fundación germana Bertelsman Stifing acaba de publicar un concienzudo y bien documentado estudio que sitúa a España entre los países de la Unión Europea con mayor desigualdad social.

En 2.014 el riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país alcanzó el 27.3%.

El Informe Bertelsman presenta un ranquing de los 28 países de la U.E. en función de igualdad entre sus poblaciones. El estudio está basado en siete parámetros: acceso al sistema educativo, prevención de la pobreza, cohesión social, no discriminación, acceso al mercado laboral, igualdad generacional y sistema sanitario, o de salud.

Este comparativo sitúa a España en el puesto 21 del total de 28. Detrás solo figuran Malta, Chipre, Portugal, Irlanda, o Polonia.

Dicho trabajo hace expresa y específica mención, incluso, a los "masivos recortes" hechos en España respecto a la educación y a la investigación: "Pueden traer consecuencias negativas a largo plazo, no solo desde la perspectiva de la justicia social, sino también en términos económicos" (parece impensable se le haya escapado este último fundamental factor a todo este avasallador Neoliberalismo que nos dirige).

Dicha fundación teutona nos advierte, empero, de que "prescindir de presupuesto educativo reduce las oportunidades de las personas socialmente más vulnerables" (que ésto sí corresponde a la connatural ideología clasista neoliberal). "Con la emigración de muchos científicos jóvenes al extranjero, la capacidad de innovación en España ya se está viendo debilitada", nos confirma el reiterado informe.

Y estos datos (me he limitado a transcribir los más estrictos y destacados), contrastados suficiente e imparcialmente, nos vienen de esta misma Alemania manipulada por ese "cerebro" pensante (Señora Merkel) que no conforme con su propio país, se permite el lujo de imponer a otros Estados ajenos, reiterativos e injustificados castigos, bajo su caprichoso dominio imperialista; les sojuzga unilateral e interesadamente según sus indicativos más egoístas, arropada, claro, permanentemente, por la citada Troika y por el resto de Instituciones europeas, dirigidas por sus muy fieles y "bien pagados" acólitos.

Pues no, no debemos, ni podemos aceptar más aberraciones, tal unilateral imposición, tanta ignominia, es absolutamente invasivo y destructor, insoportable e inhumano.

Hemos de unirnos, tenemos que desbancar, de una vez por todas, a nuestros enemigos sociales, de clase. En las urnas, democrática, pero radicalmente. 

Demostrémosles que no les tememos, que hemos madurado, que sabemos bien lo que nos conviene más ciertamente. Echémosles, sin ninguna consideración, con cajas destempladas, por colegiada decisión popular, con "luz y taquígrafos", con oficial contaje de nuestro indubitativo favorable escrutinio resultante.

Debemos expulsar a tanto impío de nuestras Instituciones (he dicho nuestras, no suyas), nacionales y continentales.

Somos más, somos muchos más que ellos. Recordad que la bota opresora tan solo representa una cuarta parte del planeta, el resto, nosotros, somos claramente la mayoría, pero no la mayoría que nuestros enemigos pretenden: silenciosa y sumisa, sino que deberemos ser esa otra mayoría resistente, batalladora, inconformista ...¡DEMOSTRÉMOSLO EN LAS URNAS!.