Leo, una vez más abochornado, que nuestro excelso Tribunal Constitucional anula la ley, andaluza en este caso, que habría permitido la expropiación de viviendas a la ya felizmente saneada (a costa de nuestras costillas) Banca española.
Este omnipotente y "justiciero" -que no justo- Tribunal Constitucional ha aceptado, como es habitual, el recurso de nuestro amado, preemérito ya, Gobierno neoliberal, para proteger los legítimos derechos de nuestros desamparados bancos, por considerar que tal disposición legal autonómica invade competencias que les son exclusivas al Estado, y porque restringe el derecho de propiedad.
Sin embargo no todos los componentes del "magnánimo" TC están de acuerdo con tal sentencia deslegitimadora. Entre otros miembros de tal Institución, su propia Vicepresidenta, Adela Asúa, manifiesta: "No se argumenta porqué la medida andaluza puede poner en riesgo el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, ni en qué grado conlleva a una desprotección, o una reducción de la protección dispensada por el Estado a los colectivos desfavorecidos".
Para Asúa, "el hecho de que una comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, haya optado por su propia solución normativa frente a un determinado problema es expresión del principio de autonomía".
A juicio de dicha Vicepresidenta, lo contrario (la referida sentencia) es ciertamente preocupante: "se da por bueno que el Estado pueda imponer, de modo excluyente, la solución de un problema social, o económico, como expresión de las bases de la planificación económica, cerrando el paso a que las comunidades autónomas puedan establecer sus propias medidas al respecto", lamenta.
Es decir, que en este como en tantos desafortunados casos ("por fas, o por nefas"), la Justicia española se sigue inclinando -como nos es histórico- por el prioritario, cuando no exclusivo, servicio al poderoso.
Estos ancestrales y abusivos despropósitos sociales serían, "de natura", perfectamente solubles de contar con un auténtico Estado federal, es decir, tras la proclamación de la III República Federal española ...¡AMÉN!.
